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Fallo judicial impide explotación petrolera en territorio waorani en Ecuador

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La justicia de Ecuador confirmó el jueves 11 de julio un fallo que impide el ingreso de empresas petroleras a 180.000 hectáreas del vasto territorio de los indígenas waorani en la Amazonia, proyecto que era impulsado por el gobierno.

Una sala de la Corte de Justicia de la provincia amazónica de Pastaza decidió «negar el recurso de apelación» presentado por el Ministerio del Ambiente y la Procuraduría (abogado del estado), según su resolución.

Al rechazar la apelación, la corte ratificó el fallo de primera instancia dictado por un tribunal inferior de Pastaza en abril último, dentro de una acción de protección planteada por los waorani de esa provincia para mantener sus 180.000 hectáreas libres de la extracción de crudo.

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Esa demanda fue presentada contra las carteras del Ambiente y de Energía y Recursos Naturales No Renovables, pero ésta última decidió no apelar la sentencia.

La sala de la Corte se instaló el pasado 1 de julio en la localidad de Puyo (este y capital de Pastaza) para conocer el recurso de apelación.

En la acción de protección, los waorani lograron el fallo a su favor al argumentar que existió una violación al derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta previa, libre e informada sobre planes de explotación de recursos no renovables en sus tierras.

Como medida de reparación, el tribunal dispuso que el Estado realice una nueva consulta.

El ejecutivo sostiene que cuenta con los permisos para licitar el denominado bloque petrolero 22, que incluye 180.000 hectáreas del territorio waorani en Pastaza, gracias a una consulta realizada en 2012 a los nativos.

Sin embargo, los waoranis alegan que los funcionarios llegaron entonces en avioneta y obtuvieron el aval con engaños, comida y refrescos.

Con unos 4.800 miembros, los waorani son dueños de unas 800.000 hectáreas de selva en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana, una pequeña parte de la cuenca amazónica ecuatoriana. La ley reconoce la jurisdicción indígena, pero mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo.

A raíz de la demanda, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables señaló que el bloque 22 «actualmente no se encuentra en proyectos de ser licitado».

La argentina Tecpetrol había desistido previamente de presentar una oferta debido a la falta de reservas de crudo como para afrontar el riesgo de las inversiones en esa zona petrolera.

El Estado corre el riesgo de que esta sentencia histórica detone un conflicto con otros pueblos indígenas que también han sido consultados para consentir el ingreso de petroleras a sus tierras, tras lo cual han mostrado inconformidad.

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